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Comunicado de la Cátedra Libre de Pueblos Originario

Se sigue criminalizando a los miembros de comunidades indígenas En el mes de diciembre del año 2011, un Juzgado de la ciudad de Sarmiento condenó al Lonko Carlos Antileo, de la Comunidad Jacinto Antileu, por el delito de usurpación de un lote que tradicionalmente ocupa y que es pretendido por un particular que forma parte del Poder Judicial de la ciudad de Sarmiento.

El espacio territorial en disputa se halla en la zona de Buen Pasto y previamente, en el mes de septiembre del mismo año, el Lonko debió soportar otro proceso judicial por una causa caratulada como desobediencia a una orden judicial.

El día viernes 15 de junio del corriente año, se llevara a cabo la audiencia de impugnación a la sentencia dictada por el Juez Roberto Casal.

Dicha presentación será realizada por los Dres. Justino Gatti y Jimena Díaz Asencio defensores del Lonko Carlos Antileo, que también defendieron al Lonko en el juicio por desobediencia del cual salió absuelto.

Tristemente asistimos a una nueva etapa de vulneración de los derechos de los Pueblos Originarios contemplados en Tratados Internacionales, ratificados por la Constitución de la Nación Argentina y reivindicados por la Constitución de la Provincia del Chubut.

De igual forma, no se tuvo ni se tiene en cuenta la Ley 26.160 de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas que se encuentra vigente y que suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas.

Entendemos que esta judicialización que tiene como victimas a miembros de comunidades indígenas es una forma de criminalización que vulnera totalmente los derechos humanos de las comunidades involucradas en particular y del Pueblo Mapuche Tehuelche en general.

Manifestamos nuestra solidaridad y acompañamiento a los miembros de la Comunidad Jacinto Antileu y hacemos un llamado a las estructuras judiciales del Estado para que respeten las legislaciones vigentes que amparan a los miembros de las Comunidades Indígenas.